Ecuador es el país más deforestado en proporción a su tamaño. Además, la explotación petrolera y la expansión de la minería a gran escala que se proyecta en zonas biodiversas, así como la dependencia de los combustibles fósiles, son preocupantes, no solo en materia ambiental, sino que, ocasionarían enfrentamientos con las comunidades que buscan la conservación de sus territorios; según la información proporcionada por Mongabay Latam.
Este portal presenta los cinco desafíos ambientales de Ecuador durante el 2020:
1. Ecuador debe salir del listado de los más deforestados
La deforestación es uno de los temas que más preocupa a los expertos ecuatorianos consultados por Mongabay Latam. Este proceso de desaparición de las masas forestales suele producirse por el accionar humano mediante la tala y la quema. Según cifras del Ministerio del Ambiente, en 2016 el país contaba con 12 631 197 hectáreas de bosque nativo y en 2018 ya tenía 116 857 hectáreas menos. En 18 años —entre 1990 y 2018— se han perdido poco más de 2 millones de hectáreas de bosque en Ecuador.
Santiago Ron, biólogo ecuatoriano y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), asegura que Ecuador es el país del hemisferio occidental con la mayor tasa de deforestación anual, “lo cual es vergonzoso” y añade que, “cambiar esa tendencia debe ser el principal reto para este año. Cuando se destruyen los bosques se genera una afectación sobre todos los organismos. Estamos hablando de miles o cientos de miles de especies que se ven afectadas”.
Carmen Josse, directora científica de la fundación EcoCiencia, considera que la deforestación es un tema preocupante para este 2020 porque, a pesar de que hay esfuerzos por disminuirla y se logró mantener una tasa baja —luego de una pérdida de bosque muy alta entre 2000 y 2008— la tendencia va al alza nuevamente. “Sigue siendo una cifra alta, sobre todo porque el porcentaje de área amazónica de Ecuador es relativamente pequeña”, asegura.
2. Problemática generadas de las actividades extractivas y la agroindustria a gran escala
Los expertos consideran que la apertura de Ecuador al extractivismo y a la industria agropecuaria de gran escala continuará este año. La preocupación también radica en que se han mostrado falencias evidentes en muchos de los estudios ambientales presentados por las compañías que desean aprovechar los recursos naturales, así lo indica Andrea Encalada, ecóloga acuática, directora del Instituto Biósfera de la Universidad San Francisco de Quito y doctora en Ecología. A Encalada, más que las actividades petroleras, le preocupa el ‘boom’ minero que vive el país. “En Ecuador lo petrolero pasó a un segundo plano, pero lo que sí se viene son los proyectos mineros a gran escala, en el sur. Es sumamente preocupante ver las concesiones mineras al sur del Ecuador porque sabemos que muchos de esos proyectos se dieron con informes de valoración ambiental deficiente”, asegura.
La zona sur del país, donde se encuentra, por ejemplo, la cordillera del Cóndor, es sumamente biodiversa y de hecho hay muy pocos estudios ahí. “Esa es una de las preocupaciones más grandes porque esos proyectos mineros no pueden ser ambientales de ninguna manera. La destrucción de toda una montaña o de todo un río no puede ser ambiental desde ningún punto de vista”, afirma. A Encalada le parece que la situación económica de Ecuador está muy mal y esa es una de las razones por las que el gobierno no se atreve a parar esos proyectos, “los problemas económicos hacen que se olviden de la parte ambiental”, agrega.
3. Las demandas sobre el parque Yasuní
La consulta popular sobre el Yasuní sigue siendo un tema pendiente para 2020. En febrero, hace casi ya dos años, se le preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible para los pueblos indígenas en aislamiento en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1030 hectáreas a 300 hectáreas. Los ciudadanos contestaron afirmativamente.
Organizaciones como YasUnidos y Acción Ecológica insisten en que se realice una nueva consulta, como la que pretendían hacer antes de que el gobierno realizara la suya en 2018. Quieren preguntarles a los ecuatorianos, explícitamente, si quieren que se explote petróleo en el Yasuní o si quieren que permanezca en el subsuelo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha dado trámite a este mecanismo de participación ciudadana porque, según Esperanza Martínez, “quien firmó los procesos legales acaba de fallecer [Julio César Trujillo] y por eso el CNE dice que ya no hay derecho a una consulta. Nosotros argumentamos en una queja que este proceso está respaldado por más de 600 mil firmas, no solo por un abogado”, dice. Hay una demanda sobre este tema sobre la que también se espera una respuesta este año.
Además de lo anterior, hay una tercera demanda que espera por respuesta. Se denunció el presunto exceso de área deforestada dentro del parque, la cual superaría las 300 hectáreas aprobadas en la consulta, según han revelado varios informes, entre ellos el de la organización Geografía Crítica y la Defensoría del Pueblo y el del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Si bien el gobierno debe respetar la decisión de los ecuatorianos para no exceder las 300 hectáreas deforestadas por la industria petrolera, el biólogo Santiago Ron considera que lo más grave apunta en otra dirección. “El impacto de la expansión petrolera viene después, qué va a suceder con las carreteras que se están abriendo en la actualidad. Hay un buen precedente de lo que podría suceder y es lo que pasa hoy dentro del parque con la carretera que se abrió en los años 90 para la extracción de lo producido en los bloques que están al norte y que va desde Pompeya hacia Iro. Es una vía de más de 100 km que se dijo iba a ser ecológica, que no permitiría colonización ni deforestación, pero no fue así”.
Ron está convencido de que los impactos más graves se verán a futuro y no solo estarán relacionados con la deforestación sino con el riesgo de los derrames de petróleo, “que es algo que por ahora no se puede cuantificar. Son impactos a mediano y largo plazo”, asegura.
4. Hora de pensar en el agua
Ecuador no solo tiene el reto de ser un país megadiverso que debe conservar sus fuentes hídricas sino que tiene una gran deuda en el tratamiento de sus aguas residuales para reducir la contaminación. Ese es uno de los temas en los que la ecóloga Andrea Encalada cree que hay que trabajar.
“Es grave que no estemos hablando nada de contaminación por aguas residuales. Cómo un país que hasta hace poco se jactaba de que iba superbien en todo lo económico no tiene plantas de tratamiento de aguas residuales en las principales ciudades”, dice Encalada. La capital, Quito, arroja todas sus aguas residuales al río Machángara, que desemboca en el Guayllabamba y según la experta solo el 2 % de las aguas recibe tratamiento en la planta de Quitumbe. “Y es exactamente lo mismo con Guayaquil. La única ciudad que tiene planta de tratamiento es Cuenca, aunque no es la mejor”, afirma Encalada.
Al final se genera un efecto dominó, pues todas las aguas servidas de una ciudad como Quito terminan en el río Esmeraldas, del cual se abastecen miles de personas en una zona que tiene plantas potabilizadoras muy deficientes. “En Quito tenemos la suerte de traer el agua del páramo, que es de excelente calidad, y luego pasarla por excelentes plantas de potabilización, pero de ahí en adelante, el resto de la cadena es lo que está pésimo. Falta una iniciativa nacional para el cuidado de nuestros ríos”, asegura la experta.
Además del tratamiento de aguas residuales, Encalada dice que la contaminación por plástico en los ríos, que finalmente termina en el mar, es otra problemática para atender en el país. Asegura que el 80 % de la basura que se encuentra ahora en los océanos proviene de los ríos.
El cambio climático y cómo está afectando los regímenes hidrológicos y de lluvias es otra preocupación. La experta en hidrología menciona que los estudios indican que en la Amazonía ecuatoriana se recibirá mucha más lluvia y que eso, indudablemente, traerá cambios importantes para la economía. “Si vemos la carretera que construyeron hace menos de cinco años, que va desde Quito a Tena y tuvo una inversión supergrande, ya está destruida por la cantidad de lluvias que recibimos en la zona, que el año pasado fue altísima. No estamos preparados y no estamos invirtiendo en entender cómo vamos a adaptarnos. Nuestra agricultura y nuestra forma de vida dependen de eso”, dice y añade que hoy se tienen proyectos que dicen “adaptación al cambio climático”, pero los gobiernos locales ni siquiera saben cómo se va a afectar su entorno, “en eso se tiene que poner mucho más esfuerzo”.
5. Consultas populares para decidir sobre los territorios
En marzo de 2019, Ecuador tuvo su primera consulta popular para decidir sobre el tema minero en una región específica. En el cantón Girón, de la provincia de Azuay en el sur del país, le dijeron no a la minería en su territorio, al proyecto Loma Larga que pretendía explotar oro en el páramo de Quimsacocha, entre los 3600 y 3900 metros sobre el nivel del mar, y a solo 35 kilómetros de Cuenca, la tercera ciudad más importante de Ecuador. Loma Larga estaba próxima a la etapa de explotación, ya habían finalizado la tercera fase exploratoria y solo estaban esperando por la licencia ambiental.
“Pese a que se ha reconocido que YasUnidos tenía las firmas necesarias para llevar a cabo la consulta y pese a que hay una resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social donde se indica que el CNE tiene que reparar los derechos de participación de los firmantes, ahora la entidad asegura que como falleció el primer firmante, Julio César Trujillo, entonces no se puede llevar a cabo la reparación [la consulta]”.
Otro precedente es el de Yaku Pérez, prefecto del Azuay y a quien la Corte Constitucional le archivó en septiembre de 2019 la solicitud de consulta popular para preguntarle a todos los habitantes de la provincia si quieren o no prohibir la explotación minera. Los jueces consideraron que la pregunta no era constitucional: ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay?
El abogado ambiental colombiano, Rodrigo Negrete, visitó Ecuador para hablar con Yaku Pérez sobre la experiencia colombiana y cómo la justicia del país había limitado este mecanismo para las actividades extractivas. Negrete espera que en Ecuador no se repita el caso de Colombia y cree que 2020 será un año crucial en este tema.
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