En una nueva jornada, la décima, de la audiencia de juicio por presunto cohecho en el Caso Sobornos 2012-2016, se presentaron las pruebas de descargo de cuatro de los veintiún procesados en esta causa.
Entre ellos, la defensa de Rafael Correa, Fausto Jarrín, en un intento por dilatar la audiencia de juicio, pretendió incorporar dos “pruebas nuevas” al proceso, inobservando las condiciones establecidas en el artículo 617 de Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La “primera prueba” consistía en un informe del Consejo Nacional Electoral y el llamado a testificar a tres de sus vocales. La “segunda prueba”, era un objeto informático obtenido de manera ilícita e ilegal, cuya fuente y tratamiento de cadena de custodia son desconocidos.
El procurador, Íñigo Salvador, solicitó al Tribunal que rechace el pedido pues, según él, atenta a la seguridad jurídica del proceso. Criticó el origen del CD, pues no se sabe de dónde provendría y dijo que no se ha guardado ninguna cadena de custodia. El Tribunal deliberó por 40 minutos. Al final su decisión fue rechazar la petición de Jarrín por «improcedente».
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, también, controvirtió dichas solicitudes, señalando que el proceso ha pasado por varias fases –contempladas en la Constitución y en la ley– y rechazó, de forma enfática, que se pretenda violentar los principios de seguridad jurídica, debido proceso y lealtad procesal.
Para Jarrín, la decisión del Tribunal atenta al derecho a la defensa de su cliente. Dijo que está resolución demostraría que el expresidente es perseguido por el actual Gobierno. Sobre las razones por las que no presentó antes, en la fase legal oportuna, añadió que no sabía y que recién «hace dos semanas» conoció sobre este disco. «Lo que he pedido es que a ese CD se haga una pericia, para que esa pericia imparcial le dé al país un atisbo de verdad».
