Esta mañana se realizó la presentación del proyecto Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a través del fortalecimiento de la justicia indígena. Iniciativa que busca, según las redes del Consejo de la Judicatura, «la consolidación de una Cultura de Paz y Democracia en el Ecuador». Esto, a través de la «concepción del Estado Plurinacional e Intercultural, mediante diálogos participativos, inclusivos», entre otros. De esta forma, se querrá «establecer acuerdos de coordinación y cooperación entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria».
En el evento, participaron delegados de los territorios de las distintas organizaciones del país. También, estuvieron representantes de las sedes provinciales del Consejo de la Judicatura, el prefecto de Cotopaxi. Dirigentes y dirigentas de la CONAIE, de la ECUARUNARI, Leonidas Iza, presidente del MICC, y representantes de las organizaciones de segundo grado de Cotopaxi.
El Proyecto
En el evento, se contó con la participación de Aquiles Hervas Parra, coordinador del proyecto. Considera a la iniciativa, como un proyecto con «dos grandes dimensiones». La primera, se basa en una «reforma estructural a la política pública del Estado». El motivo es dejar de criminalizar la Justicia Indígena. A través de lo público, en relación con lo privado, Hervas espera que se pueda llegar «a la Academia». Es decir, al sistema de educación superior en general. El activista, manifiesta que la «intervención», que se busca a la Institucionalidad pública, responde al reconocimiento de la estructura de un «Estado Plurinacional». Hervas propone «un conjunto de más de 15 actividades» que buscan «a partir de una mesa de interacción (…) establecer estos logros».
La segunda dimensión del proyecto, lo explica Hervas, es «el fortalecimiento de capacidades de los y las titulares de Derechos». Tomando en cuenta cuenta la participación de las mujeres, en la toma de decisiones. También se propone un «acompañamiento» de los titulares de Derecho en este proceso. Es decir, «15 actividades más que buscan (…) encontrar esa verdadera interculturalidad crítica». Aquiles Hervas habla de un «diálogo horizontal» que integre a la Justicia Indígena y a la Justicia Ordinaria.
Solanda Goyes Quelal, directora nacional de Acceso a la Justicia, manifestó que esta es «la primera vez», que todas estas organizaciones asumían el compromiso de «construir diálogo horizontal». Esta relación que se generará entre autoridades indígenas y operadores de justicia ordinaria, busca promover «el Estado Plurinacional, a través del pluralismo jurídico». Con este proceso, se busca «eliminar las barreras de acceso a una Justicia intercultural». También se tiene como prioridad, «promover mecanismos efectivos de coordinación y cooperación», entre la Justicia Indígena y la Justicia Ordinaria.
Líderes indígenas criminalizados
Leonidas Iza, Presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, manifestó que la Justicia Indígena, «constituye la base del ejercicio de autodeterminación». Principio de los pueblos y nacionalidades indígenas, según Iza. «Es espejo de su fuerza organizativa, y es así en donde radica la importancia para nuestra cultura y consciencia política». El Presidente del MICC, considera fundamental la Resistencia Indígena, «desde la conquista, hasta los tiempos actuales». Iza aseguró que este proceso no se trata de un «privilegio para un grupo de ciudadanos indígenas, sino un mecanismo de reparación histórica».
Según Leonidas Iza, la criminalización de los dirigentes indígenas, por el ejercicio de su Justicia, es una práctica de «disciplinamiento social». Es por ello que mencionó su caso, como «autoridad del pueblo Panzaleo, he sido criminalizado con más de 10 procesos judiciales». También llamó a no olvidar, el caso de «San Pedro de Cañar», donde, según Iza, se reconoció un abuso del «Derecho Penal, con fines de persecución».
