Gabriela (nombre protegido), tiene 30 años, tras recibir constantes acosos por parte de un reconocido empresario de la ciudad de Riobamba, ella decide poner una denuncia en su contra, sin embargo, seis denuncias fueron las que recibió la víctima por parte del presunto agresor como respuesta a su acusación.
Gabriela habría trabajado 2 años y medio en dicha empresa, donde ocupaba el cargo de gerente. En este transcurso manifiesta no haber existido problemas, posterior a esto, al renovar su contrato por el siguiente período el dueño empieza a generar conflictos, burlas y acoso directo.
Esto le llevó a solicitar la renuncia, misma que fue aceptada el 22 de febrero de 2018, no obstante, los primeros días de marzo el empresario hostigó a Gabriela con llamadas, en una de ellas, él le propone tener relaciones sexuales a cambio del sueldo del último mes de trabajo, mismo que hasta el momento no ha sido cancelado, recibiendo una respuesta cortante por parte de la víctima.
Pero, el acoso no terminó ahí, semanas más tarde, Gabriela habría ingresado a laborar en una institución pública, ocho días después el empresario solicitaría una reunión a las autoridades para cuestionar las razones por las que ella habría sido contratada y pediría la renuncia inmediata, por las influencias que posee manifestó que acudiría a representantes nacionales para finiquitar su solicitud.
Inicialmente Gabriela recibe apoyo de la institución, destacando además su buen desempeño que le lleva a tener un ascenso. Al enterarse de lo ocurrido, el empresario acude a Guayaquil a cumplir con lo dicho, las autoridades nacionales solicitan la renuncia inmediata de Gabriela dándole un plazo máximo hasta fin de mes, ella se niega hasta tener una prueba de acoso.
En este punto, Gabriela acude a poner su denuncia verbal ante la fiscal (Liliana Ch.), quien acotó que iniciarían las investigaciones y que no necesitaría un abogado. El empresario ha hecho uso de sus influencias, al enterarse opta por denunciar a la víctima por abuso de confianza, a esta se suman las de fraude procesal, perjurio, falsificación de firma, hasta acumular seis a su cargo.
El caso fue cambiado de fiscal a manos de Ana C. quien también investigó y solicitó fecha de audiencia, de las cuales dos fueron pospuestas.
Este martes 17 de marzo será la audiencia de juzgamiento; colectivos y organizaciones sociales invitan a la ciudadanía a participar de un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura (vía a Chambo), a las 08h00, con el objetivo de ejercer presión sobre las autoridades para que tomen resoluciones reales frente a este caso.
