El informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) sobre el secuestro y asesinato de los periodistas de “El Comercio” por parte del Frente Oliver Sinisterra fue presentado ayer, en Washington. Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión y Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, fueron los encargados de entregar el insumo en las manos de los familiares.
Los familiares del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra recibieron el informe del equipo implementado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el secuestro y posterior asesinato del equipo de prensa, ocurrido entre marzo y abril del 2018, en la región fronteriza entre Ecuador y Colombia.
En 103 páginas, el documento señala deficiencias y omisiones de los gobiernos de Ecuador y Colombia no solo en la investigación del crimen cometido, sino también en las operaciones de seguridad en la zona de frontera.
La CIDH establece 27 conclusiones sobre el trabajo realizado por los países en este caso. Entre las conclusiones más importantes, la CIDH recomienda que los estados de Ecuador y Colombia “valoren la creación de mecanismos para evaluar y determinar una reparación integral a los familiares de Paul, Javier y Efraín, en el entendido que han sufrido aflicciones severas y afectaciones a las condiciones de existencia propias y en su relación con las víctimas”.
Otras conclusiones se refieren a las medidas de seguridad adoptadas por el Ecuador entre noviembre del 2017 y el 2018. Según el organismo internacional estas “fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario” generado por el grupo delincuencial Frente Óliver Sinisterra.
Destacó que hubo descoordinación entre las diferentes instituciones del estado Ecuatoriano, pues mientras la Policía tenía información “temprana” acerca de la forma cómo evolucionaba la amenaza del grupo armado y había establecido un canal de comunicación, por otro lado, se preparaban operativos de captura y allanamientos a la casa de alias Guacho, el cabecilla de esa organización delictiva.
Además, la CIDH recomienda a Ecuador y Colombia desclasificar la información sobre las operaciones de seguridad que desarrollaron las fuerzas armadas de ambos países durante el secuestro. Sobre esto, el organismo concluye que los estados deberían designar una comisión especial, con independencia e imparcialidad, para que garantice a las familias acceso a esa información.
