A través de un boletín de prensa, el Partido Social Cristiano, y Madera de Guerrero, comunicaron su postura sobre lo que considera la «ilegal injerencia de órganos externos al proceso electoral». Su comunicado expresa que el Código de la Democracia, en su artículo 16, establece que «ninguna autoridad extraña a la organización electoral, podrá intervenir de manera directa o indirecta en el desarrollo de los proceso electorales». Y, citando a la ley, señalan que su incumplimiento incurriría en una «infracción muy grave».
Estas reacciones se dan días después de que la Contraloría y la Fiscalía General del Estado, anunciaran la auditoria e investigación del sistema informático del CNE. Todo esto ocurre en el cierre y la publicación oficial de resultados de la primera vuelta, y a la expectativa del balotaje a realizarse el próximo 11 de abril.
El PSC, en su comunicado, deja «clara nuestra posición al país». En la que considera que si existe la insistencia en «afectar la institucionalidad o el normal desarrollo de las elecciones», iniciaría inmediatamente «la solicitud de enjuiciamiento político correspondiente».
Cesar Rohon, asambleísta por la Lista 6, mencionó que nadie está en contra de Diana Salazar, ni de las investigaciones, y que únicamente «defendemos la democracia y la institucionalidad en el Ecuador».