No es por la vía del sensacionalismo que pretende transitar este medio y, hemos de admitir que serios  reparos nos han asaltado  antes de poner en el tintero este tema polémico. Sin embargo, si nos mantenemos al margen de lo que ocurre en esta sociedad, estamos incumpliendo nuestro deber de dar a conocer hechos probados, que deben salir a la luz.

El ciudadano común o mandante cómo respetuosamente se lo llama cuándo conviene, tiene el legítimo derecho de elevar su voz de protesta ante la injusticia y ese hecho, no debe ser objeto de amenaza o peor aún de infiltrarse en su intimidad y robar fotos de su perfil para publicarlas, claro sin encontrar nada reprochable, en un acto de desesperación.

Llega el momento en que el teatro cae y las justificaciones resultan insuficientes. Este diario en un esfuerzo de su equipo, formado por profesionales éticas, con compromiso y responsabilidad social, dio a conocer el viacrucis en el que se ha transformado la vida de familias que tienen en su entorno personas con discapacidad. Largos e interminables trámites, para negarles lo que el Estado tiene obligación de garantizar: un mínimo de respeto a su condición.

Según el CONADIS, en el Ecuador cerca de 483.000 personas, forman parte de este grupo vulnerable, el carné que se emite, pretende aliviar en algo la difícil situación que estos ecuatorianos y sus allegados atraviesan, otorgándoles ciertos beneficios como,  rebajas en el pago de servicios básicos, rebajas o exención a impuestos, exoneración en la tarifa de transporte, importación de bienes exentos del pago de tributos, etc.

Nos preguntamos cuántos de los 485.000 conciudadanos, que realmente se encuentran en este estado de discapacidad, tiene este distintivo, que desde 2013, es entregado por el Ministerio de Salud Pública y, con cuánto esfuerzo de tiempo, paciencia y dinero han podido acceder a este “derecho” preceptuado en la Ley Orgánica de Discapacidades.

Mientras a los verdaderos beneficiarios les lleva años la tramitación de este carné, a varias autoridades, entre ellos, Asambleístas que confunden “enfermedad catastrófica con discapacidad” no les toma mayor esfuerzo. Este gobierno lleno de desigualdades y discrimen privilegia a los “éticos representantes” y mira con indolencia el uso doloso que hacen de este “carné de discapacidad”, deslegitimando su verdadera esencia y perjudicando a miles de ecuatorianos que en verdad lo necesitan.

Que estos repulsivos hechos terminen y sobre todo, que sus actores no tengan la osadía de amenazar, pretendiendo silenciar una verdad innegable y por todos conocida.

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