El caso de la adolescente Paola Guzmán, quien se suicidó tras ser abusada sexualmente durante dos años por directivos de su colegio, llegó este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Costa Rica, con el propósito de crear entornos escolares más seguros para los menores de edad.
Durante la reunión, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la falta de políticas de prevención en el caso de una adolescente violada en una institución educativa pública del país.
“Los procesos no dieron respuesta a la denuncia presentada por la mamá de Paola; el Estado no adoptó una política pública adecuada y efectiva para prevenir que hechos como los denunciados ocurrieran”, manifestó durante la audiencia la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado (PGE), María Fernanda Álvarez.
Paola se suicidó ingiriendo 11 diablillos en 2002, luego de ser acosada y abusada sexualmente por Bolívar Espín, entonces vicerrector del colegio público Miguel Martínez Serrano de Guayaquil, donde ella estudiaba. Por casi dos años la acosó y abusó de ella. Luego empezó a violarla y ella quedó embarazada. Espín la obligó a abortar, enviándola donde el médico del colegio, quien le puso como condición tener relaciones sexuales con él.
Además, al llegar a la institución, el personal la obligó a rezar en lugar de prestarle atención médica, y solo tres horas después permitieron que las compañeras llamaran a la madre de Paola para informarle de lo ocurrido.
Petita Albarracín, madre de Paola indicó: “el Estado ecuatoriano debe limpiar el nombre de mi hija porque ella fue la víctima. Que pongan mano dura para que no pase lo que vivió mi hija y lo que he sufrido”.
