Cien pruebas documentales presentó la Fiscalía General del Estado en el séptimo día de audiencia de juzgamiento contra 21 procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho.
La prueba documental, organizada en veintiún folders y siete carpetas, contiene abundante documentación que confirmó la relación contractual de las empresas, cuyos representantes son procesados en esta causa, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Nacional del Agua y varias entidades de los Sectores Estratégicos.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, dio lectura a aproximadamente 150 contratos, convenios de pago, invitaciones a participar en obras y una serie de procesos irregulares de contratación entre entidades del Gobierno y las empresas Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, Consermin, Equitesa, TGC, SK Engineering, Odebrecht, entre otras, varias de las cuales evitaron procesos ordinarios y facturaron millones de dólares con el Estado.
A través de varios documentos, también se confirmó que los procesados mantuvieron algún tipo de relación de dependencia con las empresas vinculadas al caso Sobornos 2012-2016.
Además, Fiscalía presentó 135 facturas que corroboran que las empresas, cuyos representantes forman parte de los veintiún procesados, cancelaron a las proveedoras de servicios del movimiento Alianza PAIS y del Gobierno anterior.
Asimismo, se expuso documentación que acreditó que once de los procesados eran funcionarios públicos cuando se cometió el delito.
En estos siete días de audiencia, Fiscalía ha presentado treinta y cuatro pruebas testimoniales (entre testigos, peritos y tres testimonios anticipados) y 100 pruebas documentales, con lo que ha comprobado la teoría del caso expuesta al inicio de la diligencia, que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia.