Gobierno toma medidas para frenar la propagación del Covid-19 en el país

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María Paula Romo, ministra de Gobierno, socializó medidas para frenar la propagación del coronavirus en territorio ecuatoriano.

Desde la medianoche del jueves 12 de marzo rigen las medidas para frenar la propagación del coronavirus en territorio ecuatoriano. El Gobierno lo resolvió tras confirmar 19 contagios y 203 personas bajo cerco epidemiológicos. Así mismo, el país fue declarado en emergencia sanitaria por 60 días.

María Paula Romo, ministra de Gobierno, manifestó a través de una cadena nacional que: “no se puede paralizar el país” y que “las medidas que se están adoptando son precisamente para evitar” llegar a una situación extrema.

Dentro de las medidas adoptadas está la suspensión de clases a nivel nacional hasta que se haga una revisión de la evolución del virus. Antes de este anuncio, Jorge Yunda, alcalde de Quito, ya había anunciado que desde la tarde del jueves 12 de marzo quedaban suspendidas las clases.

Se dispuso que viajeros que provengan de China (Guangdong y Hubei), Corea del Sur, España, Francia, Italia e Irán vayan a un régimen de aislamiento domiciliario obligatorio por catorce días.

Eventos con un aforo superior a 250 personas quedan totalmente suspendidos a partir del 12 de marzo.  Los espectáculos con un público menor a 250 personas se podrán realizar previa autorización de las Intendencias de Policía. Se pedirá que los asistentes mantengan una distancia mínimas de dos metros y que se les entreguen mascarillas. 

Sobre las festividades de la Semana Santa, se insta a los representantes de la Conferencia Episcopal en cada provincia que analicen prohibir caminatas, misas y otro tipo aglomeraciones de personas.

Otra de las medidas es la suspensión del funcionamiento de los establecimientos 1 y 2 (centros de tolerancia y los bares o discotecas) a partir de la media noche del 12 de marzo hasta una próxima disposición, conforme se evalúe la emergencia.

Por su parte, Intendencias de Policía deberán realizar operativos de control de precios en supermercados y centros de abasto, para evitar la especulación.

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