Surge una preocupación por los impactos del COVID-19 en las agriculturas familiares campesinas. Sus relatos sostienen que no han recibido la ayuda humanitaria suficiente o el apoyo estatal acorde a la importancia de sus actividades. Esto agrava su situación de vulnerabilidad poniendo en riesgo su salud y vida.
Sin duda, las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios y quienes lo sostienen: las familias campesinas e indígenas del país.
La Organización para la alimentación y agricultura de la ONU (FAO, 2020) en su informe Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19, recomienda como medida esencial que los países, en el marco del COVID-19, declaren las acciones relacionadas con la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, que requieren de atención prioritaria y respaldo especial del Estado y de la población en general.
En consecuencia, se requieren acciones afirmativas desde el Estado para que las medidas de contención de la pandemia no comprometan la soberanía alimentaria ni vulneren los derechos campesinos. Sin embargo, el abandono estructural que ha tenido el campesinado ecuatoriano se ve exacerbado por la pandemia. Ante la situación de vulnerabilidad de los sectores campesinos, la preocupación no es sólo por lo que pase durante la cuarentena, sino que se plantea en el largo plazo una pregunta: ¿Qué garantías tienen las comunidades campesinas para gestionar sus modos de vida en el escenario post-pandemia?
CONCLUSIONES
De acuerdo a un informe presentado como resultado de un esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil como FIAN Ecuador, FIAN Internacional, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Observatorio del Cambio Rural-OCARU y la Unión de Pequeños Productores “Tierra y vida”; que buscan ubicar los principales problemas del campesinado en la palestra pública, para poder construir de la mano de las organizaciones campesinas un camino que reoriente y enriquezca la política pública con los aportes de la agroecología, del cuidado y los aprendizajes de las luchas del campo, se concluye que:
- El accionar del Estado frente a la crisis del COVID-19 no cumple con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas en los tratados internacionales y los estándares que los desarrollan ni con la constitución ecuatoriana, en lo que atañe al sector campesino, indígena y montubio.
- Desde la emisión del Decreto Ejecutivo 1017, que declara estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano, uno de los principales desafíos que enfrentan las comunidades y nacionalidades, es la falta de acceso a la salud, a la ayuda humanitaria y alimentación sana, adecuada y suficiente. Es palpable la exclusión del sector campesino e indígena en la toma de decisiones en torno a la pandemia. Las medidas adoptadas dificultan su actividad productiva, incluyendo, entre otros factores, el acceso a mercados y por tanto a un ingreso digno.
- El peso del problema cae principalmente en el cuerpo de las mujeres quienes han sostenido el cuidado de las comunidades, de los enfermos, de los ancianos, de la educación de niños y niñas y de la finca, lo que les pone en una situación mayor de vulnerabilidad.
- Frente a los ya informales métodos de contratación, los y las trabajadoras rurales se enfrentan a una mayor explotación, precarización y abandono en el marco de la pandemia. Esta difícil situación se ha visto ahondada a través de la aprobación de la llamada Ley Humanitaria, mediante la cual se legalizan prácticas de tercerización laboral que condicionan y subordinan a los campesinos y campesinas a la lógica agroindustrial, afectado su autonomía personal y poniéndolos en situación de indefensión.
- La educación presenta un gran desafío ya que es un derecho fundamental de todos los niños, niñas y jóvenes de comunidades rurales de todo el país. Derecho que está siendo vulnerado y debe ser protegido en la pos cuarentena. Hasta ahora, se pone en evidencia la incoherencia entre la práctica y el discurso por parte del gobierno, al no contemplar las diferentes realidades sociales que tiene el país, en especial la realidad de las zonas rurales, donde no se cuenta con los recursos necesarios para poder acceder a las plataformas virtuales. Esto denota una vez más que una educación de calidad se encuentra al alcance únicamente de los sectores de la sociedad más favorecidos y la brecha entre lo urbano y lo rural sigue siendo enorme.
