La UNACH «tiene una práctica dilatoria» para cumplir recomendaciones de Contraloría, según Rafael Oyarte

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El abogado lamenta la actitud "renuente" de la Universidad.

El 04 de febrero, en la Unidad Judicial de la Familia, se inició la causa en contra de Nicolay Samaniego, Rector de la UNACH. Quien solicitaba la acción de protección era Aníbal Llanga Vargas.

Por un examen hecho por la Contraloría, se supo que algunos profesores titulares de la UNACH, no cumplieron con los requisitos y perfiles exigidos para los cargos. Esto en el concurso de méritos y oposición que se abrió en la Universidad años atrás. En el mismo que saldría ‘perjudicado’ Aníbal Llanga Vargas, con la partida presupuestaria 1310.

El examen confirma el «incumplimiento de requisitos en la selección y posesión de docentes en los concursos de merecimiento y oposición».

Según la Contraloría, el Rector no cumplió con las recomendaciones de la entidad. Esto «ocasionó que las deficiencias persistan», porque no se las aplicaron de manera «inmediata», y «con el carácter obligatorio». La misma que solicitaba a Samaniego el tomar «acciones legales pertinentes», respecto al proceso de nombramiento «otorgado a los ganadores del concurso».

El documento también concluye que la Vicerrectora Académica, de ese entonces, y el Director de Talento Humano «no consideraron los requisitos establecidos en los reglamentos». Esto porque se permitió que se reclute personas con «títulos profesionales y campos de conocimiento distintos» a lo que se convocaba. Y así, «no permitió la participación de la mayor cantidad de profesionales que tengan títulos (…) de tercer y cuarto nivel».

Asimismo, el examen de Contraloría toma en cuenta el accionar de la Comisión de Evaluación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Se afirma que «no verificaron todos los requisitos de los participantes ganadores». Porque tampoco se validaron «los campos de conocimiento amplio, específico y detallado», de la formación «académica de tercer y cuarto nivel». Y, con esta omisión, se llevó a cabo «la habilitación para las siguientes etapas del concurso».

La visión de Oyarte

El abogado Rafael Oyarte, llevó esta causa, y concedió una entrevista para este medio de comunicación. En la cita, tras realizar un recuento sobre lo que conlleva un concurso de mérito y oposición, explicó el caso de la Unach.

«En 2019 se hicieron una serie de concursos para llenar unas vacantes en algunas facultades». Esto porque quedaban libres algunas partidas presupuestarias y «había que llenarlas». La Universidad convocó al concurso. Y cuando se nombra a los ganadores del concurso de mérito y oposición, fueron «postulantes que ni siquiera cumplían requisitos», según Oyarte.

«Los informes de Contraloría contienen unas recomendaciones». Las cuales, según Oyarte, viniendo desde la entidad, «son de cumplimiento obligatorio». Y su incumplimiento tendría una sanción de carácter administrativa. Es decir, multas y destituciones, con el riesgo de ser sancionado con una glosa.

En el caso de Aníbal Llanga, menciona que él habría quedado «segundo». Sin embargo, el ganador del nombramiento, «no cumplía requisitos». «Le han nombrado a alguien que no podía concursar». Oyarte manifiesta que, tras la negativa de la Unach al acatar las disposiciones de Contraloría, iniciaron la acción de protección, mencionada anteriormente. «Una acción de protección, que en las dos instancias fue favorable para el ingeniero Llanga».

Fallo en segunda instancia de la Corte Provincial

Finalmente, Oyarte asegura que la Universidad Nacional de Chimborazo, tiene «una práctica dilatoria», para cumplir las recomendaciones de la Contraloría. Y lamenta que con una escuela de Derecho, se enseñe a «litigar» así.

Recomendaciones que son obligatorias

Las acciones que se tomarán si no se cumplen las disposiciones, afirma el abogado de Llanga, será pedir al organismo que «ejecute las sanciones del caso». Es decir, disponer responsabilidades administrativas, «incluyendo la destitución» de quienes intervinieron en el concurso de mérito y oposición. «También que se establezcan las glosas».

La Unidad Judicial de Familia, decidió que Nicolay Samaniego, pida disculpas públicas a Llanga Vargas. También que se «publique como portada o titular centra en la página (…) web institucional, un extracto de la parte considerativa (…) por el periodo de 30 días». Además de recordarle a la UNACH su obligación de cumplir las recomendaciones de Contraloría.

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