El abogado Javier Daqui, presentó una denuncia este pasado 11 de enero, por presunta estafa en perjuicio de dos ciudadanos, quienes habrían pagado 5 mil dólares, cada uno, para adquirir un nombramiento definitivo como inspectores municipales desde este enero de 2020.
Quien habría ejecutado la acción, presuntamente un servidor policial, mencionaría a altos funcionarios municipales que estarían inmersos en procesos ilegales de cobro a cambio de un cargo. Los documentos que servirían como pruebas ya han sido entregados en Fiscalía para continuar con el debido proceso, informó Daqui.
Para el abogado que patrocina esta causa, el delito de estafa se configura teniendo en cuenta que sus patrocinados entregaron 10 mil dólares al funcionario denunciado y éste no cumplió con su ofrecimiento de otorgarles nombramientos definitivos en el GAD Municipal de Riobamba.
Como respuesta a ello Jorge Luis Zambrano, director de Talento Humano, de la Municipalidad, en una entrevista concedida a Diario La Prensa, expresó que ninguna persona involucrada en este caso presta servicios en la institución; además, anuncia que, a su criterio, existiría un delito tanto por parte de quienes entregaron el dinero a cambio de un nombramiento, como de quienes solicitaron y recibieron el capital.
El COIP define el delito de estafa como: «La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera».
Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar, y varios profesionales del Derecho coinciden en que estos hechos no se encasillarían en la figura de estafa, ya que no existe «causa lícita» en pagar para obtener un nombramiento definitivo al que se accede mediante concursos de mérito y oposición.
