Una de las acepciones del concepto de ciudadanía alude a un conjunto de derechos políticos y sociales que nos permiten intervenir en la política del país; la realidad, estrepitosamente, nos confronta con una práctica por demás hostil como para que tales derechos puedan alcanzar una satisfactoria concreción, al punto que el común de los ciudadanos se asume como tal sin más contraparte que depositar un voto y recibir un certificado “de uso obligatorio para todo trámite” y sin la menor garantía de que su parecer será debidamente respetado en el escrutinio final; para qué abundar en explicaciones o ejemplos, no solo por la ilegitimidad que envuelve el ejercicio de muchos funcionarios de elección popular en ejercicio, –comenzando por el licenciado–, sino por la escasa representatividad que respalda a otros tales en un contexto en que a la salud de la ciudadanía tampoco le beneficia la dispersión de opciones en juego, tantas como para que, más que hablar de políticos en legítimo derecho, debamos referirnos a ladrones, alcahuetes y aventureros que en el fondo y en las formas no representan a otras fuerzas que las intenciones, los intereses y hasta las vanidades de ellos mismos o de los grupos a los que se deben.
Mientras todo este solemne carnaval se escenifica, los ciudadanos, los que nos presuponemos honestos, sumidos en la más grosera de las indefensiones, acudimos a esferas tan engañosas como las redes sociales a promover alguna transformación sin más resultado que lanzar nuestros ingenuos clamores como quien los lanzara en el desierto: así, mientras la indignación nos abruma y nos desobliga en el cotidiano caos, despilfarro, corrupción e impunidad reinantes, nuestra ingenuidad sale a relucir sin más efecto que el de un saludo a la bandera, respetable y todo, pero poco eficaz en la práctica: no por furibundos que sean nuestros reclamos, y ni siquiera nuestras diatribas, habrá de reducirse el número de asambleístas, habrán de eliminarse las pensiones vitalicias para exmandatarios, habrá de confiscarse los bienes originados en actos de corrupción, habrá de obligarse a los presos a trabajar para “ganar su pan”, habrá de instituirse la discutible pena de muerte o la castración para estupradores ni se ha de lograr la extradición de las decenas de corruptos que desde hace tiempo ya se pusieron a buen recaudo y hoy llevan una vida más que regalada a costa de sus latrocinios.
Detrás de toda esta indignación e ingenuidad, afirmación, por la que nadie al parecer se escandaliza, no está sino el estado y el gobierno, sí, esos entes que a nombre de una “separación de poderes”, que solo es usada e invocada a conveniencia de las coyunturas, se desnaturalizan por completo al asumir una actitud de manifiesta y escandalosa complicidad al no priorizar la urgente toma de decisiones que den un giro al deprimente clima de podredumbre que ha terminado por institucionalizarse, no de otra forma se entiende el diario maltrato irrogado contra activistas sociales, vendedores informales o incluso contra meros ladronzuelos de gallinas frente a todas las impunidades los privilegios, las comodidades y otras prerrogativas fraguadas y ofrendadas en resguardo y socapa de los grandes e inocultables delitos consumados contra los recursos públicos, gracias a funcionarios de todo pelaje cuya entronización no tiene más sustento que la misma corrupción a la que simulan combatir. ¡Al carajo, al indignante e ingenuo carajo con este estado y este gobierno puesto en manos de un puñado de corruptos impávidos e indolentes!
