Fotografía: referencial

La crisis que el Ecuador y el mundo atraviesan por la gran expansión del COVID-19 ha provocado que la preocupación por la desigualdad social se ubique en el centro del debate. Cada país enfrenta la pandemia como puede, pero es la vigorosidad de lo público, las políticas sociales existentes, la prioridad de las agendas estatales en relación con las demandas sociales, la orientación de los gobiernos, el grado de responsabilidad de los grupos económicos, entre otros factores, lo que determina mayores y mejores posibilidades para enfrentar la crisis.

En un país como el nuestro donde las brechas de desigualdad se acentúan, el empleo digno es un privilegio y la constante es el desempleo, subempleo y la precariedad; parte de la población no tiene servicios básicos, muchas familias viven en la pobreza y extrema pobreza, el acceso a la salud de calidad sigue condicionada por las reglas del mercado, la violencia contra las mujeres es el pan de cada día, la sed de acumulación de los grupos económicos del país no da tregua para aliviar financieramente a las familias; y, en un contexto en que el estado ha reducido sus recursos y capacidades principalmente en políticas sociales; la posibilidad de enfrentar la crisis es menos alentadora.

Ante el vaciamiento de un espacio nacional que provoque credibilidad para enfrentar tal problema, se interroga en el nivel social cómo ejercer redes de solidaridad, establecer lazos comunitarios de auto organización y cuestionar las formas de reconstruir lo público. En este escenario la suerte de la gente ha tenido que depender en gran parte de las estrategias familiares.

Las familias, y en ellas principalmente las mujeres, han tenido que arreglárselas para organizar la  vida de los suyos, es decir para sobrevivir, implementando estrategias que van desde lo productivo con el auto empleo (aunque estén expuestos al contagio), lo reproductivo con el cuidado de los parientes y lo redistributivo mediante la creación de redes de protección social (Juliana Martínez, Koen Voorend 2009) ante emergencias como la que vivimos. Así, la provisión de bienestar en el Ecuador de la crisis sanitaria está recayendo principalmente en las familias en  general y en las mujeres en particular, en razón que el estado y el mercado por omisión no cubren con las necesidades de la gente en medio de la pandemia.

Para aterrizar lo indicado les invito hacer una evaluación de cuántas horas diarias emplea cada miembro de sus familias en las tareas del hogar en general (limpieza, cocina, tareas escolares, etc) y en los cuidados ante la emergencia en particular (asepsia de alimentos, acciones preventivas, cumplimiento de protocolos, atención a adultos mayores y niñez, cuidados ante alguna enfermedad). Todo lo que calculen valórenlo en términos económicos ,y equivaldrá a todo lo que el estado y el mercado están omitiendo por no prestar condiciones adecuadas; el estado en cuanto a política social e inversión pública y el mercado en cuanto a la deficiencia de generar espacios laborales en condiciones dignas y de amplio acceso.

Por ello, los argumentos de disminución y menor presencia del estado, así como las pretensiones de grupos económicos sobre reformas laborales de flexibilización, tienen la finalidad de seguir cargando la provisión de bienestar a las espaldas de las familias ecuatorianas, y, que dadas las circunstancias actuales, éstas podrían colapsar, pues no tienen todo el aparataje ni recursos que se necesitan para hacer frente a la envergadura de la emergencia.

Sin duda son tiempos de cuestionamiento para repensarse con cambios de sentido; no desde lo abstracto sino desde la construcción real y colectiva que queremos, necesitamos y exigimos para un mejor presente y futuro posibles.

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Cinthya Carrazco
Riobambeña. Abogada feminista, Ingeniera en Gestión de Gobiernos Seccionales. Especialista en Derechos Humanos y Máster en Sociología Política. Ha sido representante estudiantil universitaria en pregrado y pos grado. Formó parte de la Secretaría Nacional de Género de la Confederación de Estudiantes Universitarios. Directora académica del Instituto de Investigación Contracorriente. Docente, ponente e investigadora de género, feminismos y política contenciosa. Integrante del Movimiento Contracorriente. Autora del libro “Los principios de igualdad y no discriminación”. Actualmente se desempeña como Subdirectora Nacional de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura.

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