La recesión económica acompañada por políticas públicas deficientes, falta de empleo, créditos con tasas de “usura” del sistema financiero nacional, iliquidez del Estado, despido creciente de empleados del sector público, firma de la carta de intención con el fondo monetario internacional para obtener financiamiento por los próximos tres años, pretendida concesión (privatización) de empresas públicas, desconfianza en la gestión del gobierno, crisis política interna y el desacuerdo nacional, entre otras, son las causas para que el país se encuentre en condiciones de alcanzar la depresión económica en el corto plazo.

Factores que condicionan la aparición de nuevas fuentes de empleo obligan a la creación del trabajo autónomo como fuente primaria de ingresos para satisfacer las condiciones mínimas que permitan sobrevivir a las personas que carecen de empleo (INEC, 2019); así por ejemplo, la aparición de unidades populares económicas o ventas ambulantes, trabajo autónomo familiar y microempresa autónoma. Características propias de la crisis de falta de empleo y de la carencia de un política pública sostenida que garantice la creación y generación de empleo y empleo pleno, originan la aparición del trabajo autónomo, como medio de supervivencia, mas no para mejorar las condiciones de vida.

El trabajo autónomo requiere de recursos financieros para poder operar, por ello, para iniciar su negocio de variados servicios y productos, constituyéndose en un medio para obtener ingresos de supervivencia, el trabajador autónomo acude a los ahorros familiares o personales, a los aportes de cada uno de los integrantes de la familia, a los préstamos con agiotistas, al crédito de corto plazo de tarjetas de crédito, endeudarse en la banca nacional y en organizaciones financieras solidarias, siempre y cuando éstas lo consideren sujeto de crédito. 

En estas condiciones los trabajadores autónomos se establecen como la alternativa adecuada para sustentar y recuperar el trabajo digno, y, sobrevivir en condiciones de crisis económica. 

La Constitución (Constitución de la República del Ecuador, 2008) reconoce a la economía popular y solidaria, y un primer paso en ese sentido es la existencia de un marco regulatorio. La Constitución del 2008 y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, propician la coexistencia de la economía popular y solidaria, la privada y la pública.

El modelo económico, tiene como fin alcanzar un Sistema Económico Social y Solidario que reconoce al ser humano como principio y fin de su gestión, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza; con el objetivo de garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el «Buen Vivir».

La propuesta parte de la regulación de los mercados financieros, la protección de la industria nacional, la sustitución de importaciones, los cambios en la matriz productiva y el empleo de una filosofía económica y política identificada con el estado de bienestar.

El sistema económico social y solidario está compuesto por organizaciones públicas, privadas y las organizaciones de la economía popular solidaria, como se aprecia en la figura 1. Esta última es reconocida programáticamente en la Constitución ecuatoriana, según el artículo 283, “la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”

Este nuevo subsistema se convierte en el más relevante y característico del Sistema Económico Social y Solidario.

Figura 1. Sistema Económico Social y Solidario y sus actores

La adscripción a este nuevo enfoque implica pensar en transformaciones consideradas por el neoliberalismo como utópicas. El reconocimiento de esta realidad sistemáticamente ignorada implica un reto importante y la creación de nuevas políticas públicas dirigidas a consolidar la Economía Social y Solidaria con carácter sistémico.

En la siguiente parte de este artículo, se expondrán los resultados obtenidos en la ciudad de Riobamba en base a las encuestas realizadas, sobre el trabajo autónomo.

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