Desde nuestra infancia hemos escuchado a nuestros padres, madres, vecinos y miembros de la comunidad que ¡la única forma de garantizar un futuro de éxitos es la educación! y lo expresaban con tanta convicción que aún en los sueños se fijaban figuras de médicos, abogados, docentes, ingenieros, militares, policías, ejecutivos, comerciantes, todos con capacidades para convertirse en personas útiles para la familia, productivas y de servicio a la sociedad.
Las familias, conscientes y responsables a su vez consideraban, como seguimos considerando hoy, que la mejor inversión es formar a nuestras hijas e hijos como profesionales con títulos que los respalde y como personas con solvencia, experticia, capacidad, fundamentados en valores éticos, morales y patrióticos.
Recuerdo con nostalgia cuando expresiones como “…no tenemos riqueza, lo único que podemos dejarte de herencia es la educación, ese es nuestro legado…” un sabio pensamiento y una acertada decisión que se iba transformando en una obligación, en un proyecto de vida.
No importaba, ni importa en la actualidad, la infinidad de sacrificios y restricciones a las que se someten los padres, y más aún las madres, que anhelan que sus hijos alcancen un título que ellos no pudieron obtener. Ellos ven en sus hijos la realización de sus sueños, a costa de un trabajo honesto, sacrificado y no siempre reconocido y valorado por la sociedad.
La vida de colegio y de la universidad, para una buena parte de los estudiantes, es una suma de sacrificios y limitaciones, ya sean de tipo académico, físico, económico, emocionales, de salud, que son superados a costa de una actitud positiva y asertiva para seguir adelante sin claudicar ni amilanarse frente a las dificultades. Este espíritu para avanzar hacia el logro de la meta al terminar los estudios es parte de lo que hoy llamamos empoderamiento.
Todo este trayecto de esfuerzo personal y familiar, se ve truncado, cuando la formación universitaria y el título académico no son suficientes para mejorar la calidad de vida de las familias y las personas; cuando la realidad contradice a la idea que la educación universitaria es un factor de movilidad social, entendida como la oportunidad de las y los graduados de alcanzar un empleo digno, acorde con su preparación y capacidades.
Esta situación representa una doble pérdida. En primer lugar el perjuicio que tiene el país porque no aprovecha la inversión del Estado en las instituciones públicas de educación superior para formar profesionales que sean pilares en un modelo de desarrollo económico, científico y cultural que beneficie a toda la sociedad. En segundo lugar es una pérdida de confianza en la educación como la oportunidad de plasmar un proyecto de vida que incluya bienestar, salud, seguridad, acceso a la cultura, etc. Esta pérdida de confianza puede traducirse en frustración y desesperación porque lossueños se caen a pedazos; y, en impotencia al mirar los títulos de tercer nivel, de cuarto nivel y aún de doctorados que certifican un camino de formación y que no son reconocidos para optar por un lugar digno en el engranaje de desarrollo del país, de las comunidades y las fuerzas productivas.
En nuestro país, si antes de la pandemia COVID-19 ya se percibía una realidad lacerante con muchos jóvenes que estaban en la desocupación o subocupación, deambulando por las calles, haciendo colas interminables a un posible concurso de merecimientos y oposición, para recibir la respuesta de YA NO HAY VACANTES, hoy, la situación es todavía más compleja.
Que va a pasar luego de la pandemia, si las políticas de “austeridad” han determinado la terminación de contratos, la pérdida de los derechos de tener nombramientos, el cierre de empresas, negocios, fábricas, proyectos, programas estatales. Estamos siendo testigos de un tsunami, para poner una imagen que se aproxima a la realidad, tsunami que traerá mayor pobreza, miseria, incremento de la delincuencia, desocupación. Estamos frente a la profundización de las injusticias, las inequidades y las exclusiones.
El Ecuador necesita un cambio de paradigma estructural, que los mandatarios, autoridades, asambleístas, sean probos, honestos con estudios académicos que los respalde, que se establezcan sanciones sin contemplaciones a los que usurpan los dineros del Estado y que han hecho de la política el mejor negocio de sus vidas, no para servir sino para aprovecharse de los dineros del Estado.
Los jóvenes talentosos deben tener la oportunidad de trabajar y servir a la sociedad, que se premie los méritos y no la incapacidad de aquellos que asaltan el poder por cuotas políticas, y que en la mayoría de casos, no tienen el perfil ni la formación académica que respalden una gestión eficiente y productiva en beneficio del país. Los sectores y personas honestas, que somos la mayoría de la población, debemos reaccionar, responder con firmeza desde los lugares en los que actuamos para construir un proyecto de país, inclusivo, diverso y participativo.
