Continúan las investigaciones de la Fiscalía para determinar la existencia de una red de corrupción y tráfico de influencias en la Asamblea Nacional, la cual estalló días atrás, tras conocerse diálogos entre el ex legislador por Manabí, Daniel Mendoza y el asambleísta por Sucumbíos, Eliseo Azuero, quien mantiene una orden de prisión preventiva vigente.
Las pericias ejecutadas en el caso Azuero-Mendoza dejan ver cómo, supuestamente, se manejaron recursos estatales. La transcripción de las conversaciones entre el parlamentario Eliseo Azuero y el exlegislador Daniel Mendoza está en poder de la Fiscalía y ahora los agentes investigan si en verdad hubo un reparto de fondos públicos y si están involucrados más legisladores.
La investigación lleva a convocar a otros asambleístas para rendir sus versiones, entre ellos Whasington Paredes, por la provincia de Galápagos, quien acudió hoy a rendir su versión; además, se ha convocado a Franco Romero quien se acogió al derecho al silencio; el legislador Fredy Alarcón quién señalando que lo que se dice en la conversación no tiene que ver con él; y, la versión de la asambleísta Rosa Verdesoto diferida para el 27 de julio.
Para hoy se convocó a que rindan versión los asambleístas María Mercedes Cuesta, Fernando Burbano, ambos del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) al que pertenece Azuero. También fue llamada a rendir versión libre y voluntaria la ministra de Gobierno, María Paula Romo y al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo.
CASO MENDOZA- AZUERO
El 17 de julio, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, formuló cargos contra el legislador Eliseo Azuero y doce personas más, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Los agentes intervinieron llamadas telefónicas, cotejaron audios y analizaron archivos digitales. Esas operaciones, cuyos resultados ahora están judicializados, dejaron ver una supuesta red delictiva que estaría involucrada en el desvío de fondos para la construcción del Hospital de Pedernales.
Las conversaciones (audios y textos) a través de chats de WhatsApp, que evidenciarían la existencia de esta estructura y la relación de los procesados entre sí.
Según la investigación de Fiscalía, la estructura organizada se dedicaba a cobrar, direccionar réditos económicos y realizar las respectivas maniobras de gestión para mantener su operatividad.
Ante las consultas de los participantes, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, señaló en su cuenta de Twitter que “los esfuerzos de Fiscalía en la lucha contra la corrupción llevaron a crear la Fuerza de Tarea para investigar presuntos casos de corrupción durante la pandemia por Covid-19”.
OTRAS INVESTIGACIONES EN CURSO
Semanas atrás, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional crearon la Fuerza de Tarea para investigar los casos de corrupción sucedidos durante la pandemia. Hasta el momento, la Fuerza de Tarea investiga actos de corrupción en 16 provincias del Ecuador. Se han efectuado más de 255 diligencias para recabar indicios relacionados con estos casos.
Los procesos de corrupción que investiga y procesa Fiscalía, en el marco de la emergencia sanitaria, involucran a varias instituciones del Estado.
Otro de los temas en proceso de investigación es la venta de medicinas; en este sentido, la Fiscalía solicitó, ayer, la formulación de cargos para Abdalá Bucaram, Michelle Bucaram, Jacobo Bucaram, Gabriela Pazmiño, Daniel Salcedo, Noé Salcedo y más personas involucradas en presunta asociación ilícita para la venta de medicinas.
