El primero de marzo, Patricio Pazmiño, Ministro de Gobierno, Edmundo Moncayo, director del Servicio Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, y Patricio Carrillo, Comandante General de la Policía, fueron convocados al pleno de la Asamblea Nacional.
El motivo de la comparecencia fue que lo funcionarios informen sobre el estado de los centros penitenciarios en el país. Esta sesión se llevó a cabo de manera virtual, en la sesión 695 de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea, César Litardo, mencionó que «Ecuador debe declararse en emergencia nacional del sistema de rehabilitación social». También pidió que se destinen los recursos que sean necesarios para mejorar el control a través de nuevo modelos.
Para Pazmiño, el mayor problema es «el crimen organizado». De esta forma, señaló que la economía delictiva que más creció en Ecuador es el narcotráfico. Según el portal Primicias, mencionó que «en lo que va de 2021, ya se han capturado 22 toneladas de sustancias estupefacientes: se trata de la cifra más elevada en comparación a otros años»
Patricio Carrillo, mencionó que no hay sanciones para quienes incitan motines. «La población carcelaria, en su composición etnográfica, son jóvenes violentos sin aspiración de rehabilitación y excesivo tiempo libre. Esta es una de las causas del desorden». Y, Moncayo, finalmente, mencionó que no hay presupuesto para el control carcelario.
La Asamblea, aprobó con 84 votos afirmativos, el proyecto de resolución presentado por el asambleísta Rodrigo Collaguazo, que tenía que ver con la crisis carcelaria del país. Esta resolución contiene cinco puntos específicos. Entre los cuales se destaca la destitución de las tres autoridades por parte de Lenín Moreno, sumado a Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia.
