El 23 de febrero, a través de un comunicado de prensa de Pachakutik, se informó que su candidato presidencial, Yaku Pérez, acompañado de otros dirigentes sociales, entregaron al CNE «más de 16 mil actas con inconsistencias para que sean verificadas y se haga un nuevo proceso de escrutinios».
Ellos consideran que el «el total de actas de las elecciones del 7 de febrero, suman 40 mil y se entregan al CNE más de 16 mil y otras están por llegar». Mencionan que están hablando del 50% del total de actas con inconsistencias. Pérez también mencionó que acudió al Consejo Nacional Electoral, amparado en el Art. 242 del Código de la Democracia. Este apartado contempla el «Derecho de Objeción», que se ejerce cuando existe «inconformidad con las candidaturas presentadas por inhabilidades legales» o por inconformidad con los resultados de los escrutinios.
Por otro lado, Carlos Sucuzhañay, presidente la ECUARUNARI, mencionó que «si el CNE no escucha el clamor de los pueblos» y no se abren las urnas, «y se consolida un fraude en contra del Pueblo y de Yaku Pérez, no se descartan medidas más altas como un levantamiento general».
El comunicado expresa que Pérez ha reiterado que la «Movilización y la Marcha por la Vida, la Democracia y en contra del Fraude es pacífica», porque la verdad «no pide fuerza». Finalmente, Javier Aguavil, presidente de la CONAICE, puso en duda «la custodia y el destino de las más de 6 millones de papeles electorales que el CNE mandó a imprimir con errores», porque considera que allí se consumió el fraude electoral en contra de Pérez.
