La Defensoría del Pueblo socializó el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, por las protestas de octubre de 2019. Este informe concluye que, según el relato de las víctimas, se habrían configurado detenciones ilegales y arbitrarias. También menciona que «se mantuvo incomunicadas a las víctimas sin fórmula de juicio y en lugares no autorizados para la detención».
Del 2 al 13 de octubre, el Ecuador vivió paralizaciones por parte de distintos sectores que manifestaban su rechazo ante la firma del Decreto 883 por parte del Ejecutivo, que liberaba el precio de los combustibles. Los transportistas protagonizaron las primeras manifestaciones, pero los indígenas, encabezados por Leonidas Iza y Jaime Vargas, se movilizaron hasta la capital, donde se darían los enfrentamientos con las Fuerzas del Orden.
Según el Defensor del Pueblo, «el nuevo gobierno debe asumir estos hechos y realidad, a fin de garantizar procesos democráticos y, sobre todo, la dignidad humana». En el evento, donde se socializó este informe, las y los familiares de las víctimas de los hechos de octubre de 2019, agradecieron al organismo y a la Comisión por este trabajo.
Mientras se escribe esta nota, el Gobierno no se ha pronunciado por este informe que recomienda «como medidas de reparación para las víctimas que fueron cercenadas partes de su cuerpo, que se les brinde de forma integral la atención médica pertinente y a largo plazo». Así lo dijo, Juan Carlos Solines, integrante de esta comisión.
