Esta tarde, la Corte Constitucional informó en boletín de prensa que se ha dictaminado no convocar a consulta popular sobre casos mineros de las provincias de Carchi e Imbabura.
Por al motivo, se archivó el pedido debido a que «no se superó el control formal de considerandos y cuestionario», por lo que el organismo no procedió a examinar el pedido de la ciudadanía.
Esto, tras la interpretación de los artículos 127, 104 y 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Por otra parte, desde el Gobierno Nacional se impulsa el proyecto de minería responsable a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que tiene como fin fomentar la minería legal como política de Estado, tras el cumplimiento de licencias ambientales, normas técnicas y estándares de salud y seguridad.
Santiago Chamorro, coordinador Zonal Norte, dijo en una entrevista radial que «la política minera fija el camino hacia una actividad minera regulada por el Estado que cumpla la normativa ambiental vigente y sea responsable con las comunidades de influencia».
Indicó que en Carchi e Imbabura hay concesiones otorgadas en fase de explotación inicial.
