La crisis sanitaria ha dificultado la concreción de muchas iniciativas en los campos de la ciencia, la cultura y el pensamiento, pero, antes que echar un manto de silencio sobre las atrocidades, latrocinios, persecuciones y otros delitos de la “revolución ciudadana” y el ulterior estado de corrupción e impunidad reinante, ha propiciado que nuevas revelaciones, confirmaciones y testimonios salgan a la luz. Capítulo destacado de este crudo, necesario e impostergable baño de verdad y justicia es la aparición del libro La desviación de poder, en el que su autor, Álvaro Mejía Salazar (Riobamba, 1982), expone el vesánico acoso a que la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, de la que es Procurador, se vio sometida entre 2016 y 2017 por parte de un régimen que, no conforme con arruinar vidas, se dio en destruir toda institución que no se amoldara a sus connaturales desafueros.
En más de trescientas páginas su autor, legista eminente e historiador de altos méritos, ofrece una sustentada exposición jurídica que, procesando la doctrina y la jurisprudencia existente, deja en claro los vicios de forma y fondo con que el nefando régimen de Correa pretendió usar a instituciones del Estado como el Ministerio de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas, y aun a organismos internacionales como el Parlamento Andino, a los fines de ultrajar y ahogar a la Universidad Andina en retaliación por no haber logrado entronizar un rector de bolsillo que convirtiera tan prestigiosa casa de postgrado en agencia de empleos para sus “intelectuales”, proterva grey de lacayos abyectos que, sin arrimo al gobierno de turno, no son nada ni son nadie.
El libro La desviación de poder es también el testimonio de una institución académica de prestigio que, en bien acometida batalla legal, supo defender sus principios y su autonomía con firmeza y argumentos frente a las desvergonzadas aberraciones y artificios de un poder autoritario al que no le importó emponzoñar su razón de ser ni comprometer el estado de derecho a la espera de saciar sus perversos afanes. La narración de los hechos, página a página documentados y contrastados, conduce al lector, y a la colectividad sin más, a la victoria en una batalla jurídica a la que, vergonzosamente, no quisieron sumarse otras entidades de educación superior, entidades que prefirieron guardar un cómplice silencio a comprometer sus asignaciones presupuestarias a las que, en rotunda confesión de cobardía, asimilaron más a una dádiva que a un legítimo derecho consagrado en la Constitución y en las leyes vigentes.
Frente a esta atronadora victoria jurídica y moral alcanzada por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar con sus sabios rectores y su ilustre procurador a la cabeza, cuan risibles, cuan ridículas, cuan adefesiosas suenan las derrotas jurídicas de esas entidades de educación superior cuya parroquiana estrechez de miras las ha llevado a desviar el poder para usar y abusar del derecho en contra de quienes denuncian los orgiásticos festines en que vez tras vez devienen asuntos como los concursos y nombramientos o para amedrentar a quienes, al ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión, han evidenciado la recurrente consumación de infamias y granjerías de público dominio, no de otra forma se entiende que dichas entidades pretendan cohonestar su corrupción y decadencia con el recurso al jolgorio, al bullicio y a una publicidad que, no por atosigar la esfera pública, ha de obrar como ensalmo que conjure la arraigada degradación que, lo acepten o no, envuelve los actos de muchos de sus funcionarios; universidades y universidades: por un ejemplo de bien preservada dignidad que ensalzar, múltiples vectores de abyección y podredumbre por deplorar y cauterizar.
