Este lunes 18 de mayo, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de Alexandra Ocles, exdirectora del Servicio de Gestión de Riesgos, y cuatro funcionarios, contra quienes la Fiscalía presentó cargos por tráfico de influencias.
Fiscalía señaló que los procesados actuaron en contra de expresa disposición legal al pretender adjudicar la contratación de 7.000 mil kits de alimentos, que debían ser entregados a la población afectada por la emergencia sanitaria por Covid-19; y que la inobservancia a la normativa se evidencia al no considerar el mejor costo para el Estado, no contar con los estudios de mercado respectivos y no verificar la capacidad legal de contratar por parte del posible adjudicatario, que había cambiado su actividad económica el mismo día en que presentó su oferta.
En este sentido, la extitular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos acogió y aprobó el informe de necesidad, los términos de referencia, el informe de idoneidad, y autorizó y dispuso el inicio de la contratación de emergencia por un valor de 1’055.740 (sin IVA).
Por su parte, César E. recomendó la contratación y emitió la carta de invitación; Mauricio C. y Jorge O. sugirieron la contratación del proveedor, luego de elaborar el informe de necesidad; y, Ramón R. gestionó la disponibilidad de recursos para la contratación, misma que tendría un sobreprecio.
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, señaló que estas acciones pretendieron favorecer a una persona, abusando de su cargo y del estado de excepción por calamidad pública, lo que se adecua a lo estipulado en el artículo 285, inciso 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), como tráfico de influencias; por lo que solicitó que se dicte la prisión preventiva en contra de 3 de los 4 funcionarios.
La jueza Camacho, que conoció la causa, negó el pedido de dictar prisión preventiva a los procesados; en su lugar, dictó como medidas cautelares: la prohibición de ausentarse del país y la retención de 5.000 dólares a cada procesado –de sus cuentas en el sistema financiero– para cumplir con una posible reparación integral; y la prohibición de enajenar bienes por 475.638,80 dólares. Ocles se presentó en la audiencia, sin estar en la obligación de hacerlo y manifestó ante la Magistrada que dijo que a lo largo de sus años de trabajo nunca ha tenido ningún tipo de dificultad que manche su nombre. “Nunca he utilizado mi cargo para beneficiar a nadie”. Y agregó que es “la primera interesada” en que se investigue “y se actúe en justicia y no por una presión mediática”.
