Posturas diversas sobre contratos de publicidad en Prefectura de Chimborazo

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Prefectura de Chimborazo co contrataciones en publicidad y manejo de imagen.

Tras circular información aparentemente de dos contrataciones para ¨fortalecimiento de imagen y publicidad¨ de la Prefectura de Chimborazo, se han presentado acciones legales, aclaraciones y diferentes posturas al respecto. A continuación, lo más relevante:

Fiscalía

El allanamiento de la Fiscalía a las instalaciones de la Prefectura de Chimborazo registrado el pasado 23 de abril se desarrolló para recoger evidencias de un supuesto delito que se habría cometido durante el estado de excepción que rige a escala nacional.

Esto tras darse a conocer dos procesos contractuales por un total de USD 345 909 para publicidad y fortalecimiento de la imagen institucional. Los procesos se subieron al portal del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), el 1 y 15 de abril del 2020, respectivamente.

En este sentido, la Fiscalía de Chimborazo, ha iniciado la investigación por un supuesto peculado en contra de 14 posibles involucrados, entre ellos, Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo.

El Código Orgánico Integral Penal (Coip) define, en su artículo 278, al peculado como: «Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo»; y, sanciona esta conducta con penas privativas de libertad, de 5 a 13 años.

Gad Provincial de Chimborazo

El pasado domingo 26 de abril Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, emitió un pronunciamiento oficial sobre la sentencia con la cual la Jueza Cristina Silva de la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, rechazó la acción de protección interpuesta por el abogado Alejandro Ruiz en contra la Prefectura de Chimborazo.

“No se ha firmado ningún tipo de contrato y esto se lo puede habilitar o prever en las página oficiales y solicitando información al GAD provincial, es decir, hemos precautelado el recurso económico de la provincia, hasta estos momentos no se ha generado ninguna orden de pago ni se ha transferido recursos a ninguna persona natural ni jurídica” aseguró.

Luis Fernando Torres, abogado indicó que la sentencia tomada por la Jueza Cristina Silva se fundamenta en que no ha violado ningún derecho constitucional con el proceso de contratación desarrollado por el GAD Provincial de Chimborazo. “Se hizo justicia al negar la acción de protección presentada por un ciudadano que no logró demostrar que sus derechos o los derechos de otros fueron violados” dijo.

Respecto a la investigación que realiza la Fiscalía, el jueves 23 de abril, se emitió un comunicado oficial para informar lo sucedido, además de asegurar que se brindará toda la información necesaria sobre la supuesta contratación por parte de la Prefectura. Sobre este hecho, el abogado patrocinador de la Prefectura, César Robles, indicó que la Fiscalía no le entregó la orden de allanamiento ni le permitió ejercer la defensa técnica.

Congope

Así mismo, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), emitió un comunicado  donde criticó la actuación de la Fiscalía por su “evidente instrumentalización política” y consideró que esto deja al descubierto la sistemática campaña que se estaría montando para tratar de desprestigiar a los Gobiernos Autónomos Provinciales.

La organización respaldó a la Prefectura de Chimborazo y señaló que los procesos contractuales que se investigan fueron planificados, aprobados y presupuestados en el Plan Operativo Anual (POA).

Otros pronunciamientos

Por otro lado, Marcos Guaraca, Alcalde de Chambo, afirma que varios consejeros estuvieron en desacuerdo en la aprobación de esos rubros pero que en la sesión vía online que mantuvieron habrían sido “silenciados o muteados” sin tener opción a voz y voto.

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