Desde la noche del jueves 19 de diciembre de 2019 la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se encuentra recluida en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Atención Prioritaria Femenina de Quito, conocida como la Casa de Confianza de Chillogallo, de acuerdo a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le otorgó a ella y a los otros procesados por el delito de rebelión.
«La Prefecta ha sido ya trasladada ayer a un nuevo centro de privación de Libertad», afirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al señalar que el Gobierno cumple sus obligaciones con la CIDH.
Freddy Ron, abogado de Paola P., dijo no estar de acuerdo con el cambio de cárcel. Él pedía que se salvaguarden tres derechos: a la vida, a su integridad personal y a los derechos políticos, por lo que esperaba se la libere.
La tarde del viernes 20 de diciembre, la Fiscalía indicó que solicitará la reformulación de cargos en contra de la prefecta Paola P., Virgilio H. y Pablo del H., quienes son acusados por presunto delito de rebelión establecido en el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal.
El pasado 14 de octubre de 2019, se allanaron los domicilios de los procesados, con la finalidad de recabar elementos que confirmaran la información de la que se disponía hasta entonces, encontrada en conversaciones de mensajería instantánea, escuchas por interceptaciones telefónicas y otras técnicas especiales de investigación, vigilancia y seguimientos, que daban cuenta de sus planes para desconocer la Constitución de la República, incitar a la ciudadanía para que se levante en armas y, de esa forma, derrocar al Gobierno Nacional.
